Presencia de Facultades y Escuelas de comunicación en la Ley Orgánica de Comunicación de #Ecuador

 

La Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, de la Asamblea Nacional, está a cargo de estudiar los Proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, para ello recibe aportes de ciudadanos y organizaciones. En este marco me permito sugerir, desde la experiencia en la gestión y la docencia universitarias, cuatro aportes a la Comisión que preside el asambleísta Jorge Corozo.

La primera sugerencia es modificar el numeral siete, del artículo 49 de la Ley Orgánica de Comunicación, para que el Consejo de Regulación de la Comunicación, desarrolle investigaciones y elabore estudios técnicos sobre la comunicación, de manera preferente y articulada con los Departamentos, Grupos de Investigación y las Redes Académicas, de las Escuelas y Facultades de Comunicación, del país. La razón es que la experiencia y la capacidad instalada para hacer investigación de calidad están en las Universidades. El Consejo de Regulación sería el gran armonizador de la investigación en comunicación para que, por ejemplo, las tesis y los trabajos de titulación sean publicados en la revista Cuadernos del Cordicom.

El segundo aporte, en el mismo artículo 49, referido a las atribuciones del Consejo de Regulación, es agregar un acápite que señale que, para las acciones de formación de los trabajadores de los medios de comunicación, en 3º y 4º nivel en diferentes modalidades de estudio, se convoque en primera instancia a las instituciones educativas nacionales; de no existir la oferta se procurarán opciones conjuntas entre instituciones nacionales y extranjeras. El propósito del órgano de regulación es elevar la cualificación de quienes operan los medios y hacen periodismo; y pese a haberse logrado opciones interesantes de formación con una Institución de Educación Superior española, hay una probable desvalorización del talento nacional, además de cierta inequidad en el acceso a las ofertas de las universidades ecuatorianas autorizadas por la Senescyt para educar en las modalidades a distancia y en línea.

La tercera sugerencia es agregar una acápite al artículo 50 de la Ley Orgánica de Comunicación, referente a los requisitos que deben cumplir los integrantes del Consejo de Comunicación. La propuesta es que sean profesionales, con título de 4º nivel, en disciplinas vinculadas con la comunicación o periodismo, o con el derecho constitucional o de comunicación, y haber ejercido profesionalmente y/o académicamente en el ámbito de la comunicación social, al menos 10 años con probidad notoria. En este punto coinciden expertos internacionales, juristas nacionales y representantes de medios de comunicación. Vale recordar que el tema de la cualificación estuvo presente en los proyectos presentados por los asambleístas Lourdes Tibán, César Montufar y Rolando Panchana para la vigente ley de comunicación. El Prof. Ramón Zallo, de la Universidad del País Vasco, señala que uno de los indicadores para conocer el grado de independencia de un Consejo de Comunicación, nacional o regional, es su composición.

El último aporte es agregar un ítem al artículo 80 de la Ley Orgánica de Comunicación, relacionado los objetivos de los medios públicos, para que éstos permitan el desarrollo de prácticas de Gestión Productiva, a los estudiantes de las Escuelas y Facultades de comunicación del país. El texto sugerido es: Prestar los espacios y condiciones necesarias para que los estudiantes, de grado y posgrado de las Escuelas y Facultades de Comunicación y Periodismo del país, realicen prácticas pre profesionales de Gestión Productiva, de acuerdo a las políticas y estándares de los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos deberían ser los espacios privilegiados para formar a los estudiantes universitarios, permitiendo que los jóvenes a través de dedicación personal y realizaciones concretas (Gestión Productiva) formen sus competencias y luego, sobre la base edificada, accedan al mundo laboral.

Hay otras necesidades que están relacionadas con la academia, como el acceso al Internet de forma equitativa por todos los habitantes del país. Hoy mucha información y medios de comunicación están disponibles en Internet, pero solo tienen acceso las personas que podemos pagar un canon, ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Qué pasa con los ciudadanos que viven en lugares donde no hay cobertura de Internet? ¿Tienen éstas personas iguales derechos a comunicarse que el restos de ecuatorianos? Hay un debate abierto al que deberemos seguir aportado, desde diferentes experiencias y ópticas.