Gestión en comunicación: investigación aplicada, extensión y servicios.

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Presencia de Facultades y Escuelas de comunicación en la Ley Orgánica de Comunicación de #Ecuador

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La Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, de la Asamblea Nacional, está a cargo de estudiar los Proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, para ello recibe aportes de ciudadanos y organizaciones. En este marco me permito sugerir, desde la experiencia en la gestión y la docencia universitarias, cuatro aportes a la Comisión que preside el asambleísta Jorge Corozo.

La primera sugerencia es modificar el numeral siete, del artículo 49 de la Ley Orgánica de Comunicación, para que el Consejo de Regulación de la Comunicación, desarrolle investigaciones y elabore estudios técnicos sobre la comunicación, de manera preferente y articulada con los Departamentos, Grupos de Investigación y las Redes Académicas, de las Escuelas y Facultades de Comunicación, del país. La razón es que la experiencia y la capacidad instalada para hacer investigación de calidad están en las Universidades. El Consejo de Regulación sería el gran armonizador de la investigación en comunicación para que, por ejemplo, las tesis y los trabajos de titulación sean publicados en la revista Cuadernos del Cordicom.

El segundo aporte, en el mismo artículo 49, referido a las atribuciones del Consejo de Regulación, es agregar un acápite que señale que, para las acciones de formación de los trabajadores de los medios de comunicación, en 3º y 4º nivel en diferentes modalidades de estudio, se convoque en primera instancia a las instituciones educativas nacionales; de no existir la oferta se procurarán opciones conjuntas entre instituciones nacionales y extranjeras. El propósito del órgano de regulación es elevar la cualificación de quienes operan los medios y hacen periodismo; y pese a haberse logrado opciones interesantes de formación con una Institución de Educación Superior española, hay una probable desvalorización del talento nacional, además de cierta inequidad en el acceso a las ofertas de las universidades ecuatorianas autorizadas por la Senescyt para educar en las modalidades a distancia y en línea.

La tercera sugerencia es agregar una acápite al artículo 50 de la Ley Orgánica de Comunicación, referente a los requisitos que deben cumplir los integrantes del Consejo de Comunicación. La propuesta es que sean profesionales, con título de 4º nivel, en disciplinas vinculadas con la comunicación o periodismo, o con el derecho constitucional o de comunicación, y haber ejercido profesionalmente y/o académicamente en el ámbito de la comunicación social, al menos 10 años con probidad notoria. En este punto coinciden expertos internacionales, juristas nacionales y representantes de medios de comunicación. Vale recordar que el tema de la cualificación estuvo presente en los proyectos presentados por los asambleístas Lourdes Tibán, César Montufar y Rolando Panchana para la vigente ley de comunicación. El Prof. Ramón Zallo, de la Universidad del País Vasco, señala que uno de los indicadores para conocer el grado de independencia de un Consejo de Comunicación, nacional o regional, es su composición.

El último aporte es agregar un ítem al artículo 80 de la Ley Orgánica de Comunicación, relacionado los objetivos de los medios públicos, para que éstos permitan el desarrollo de prácticas de Gestión Productiva, a los estudiantes de las Escuelas y Facultades de comunicación del país. El texto sugerido es: Prestar los espacios y condiciones necesarias para que los estudiantes, de grado y posgrado de las Escuelas y Facultades de Comunicación y Periodismo del país, realicen prácticas pre profesionales de Gestión Productiva, de acuerdo a las políticas y estándares de los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos deberían ser los espacios privilegiados para formar a los estudiantes universitarios, permitiendo que los jóvenes a través de dedicación personal y realizaciones concretas (Gestión Productiva) formen sus competencias y luego, sobre la base edificada, accedan al mundo laboral.

Hay otras necesidades que están relacionadas con la academia, como el acceso al Internet de forma equitativa por todos los habitantes del país. Hoy mucha información y medios de comunicación están disponibles en Internet, pero solo tienen acceso las personas que podemos pagar un canon, ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Qué pasa con los ciudadanos que viven en lugares donde no hay cobertura de Internet? ¿Tienen éstas personas iguales derechos a comunicarse que el restos de ecuatorianos? Hay un debate abierto al que deberemos seguir aportado, desde diferentes experiencias y ópticas.

 

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Written by abelsuing

julio 11, 2018 at 9:11 am

La participación de la Academia en el Consejo de Comunicación

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Estamos próximos a que la Comisión Especializada Permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional evalúe los aportes de ciudadanos y organizaciones en torno a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. De entre los varios aspectos, relevantes y directamente relacionados con el ejercicio de los derechos a la comunicación, que la Comisión escuchará, hay por los menos dos artículos vinculados explícitamente con la labor de las Facultades y Escuelas de Comunicación del país.

Más de un proyecto de reforma incluye cambios en las funciones e integración del Consejo de Comunicación. La propuesta enviada por el Presidente Lenin Moreno también recoge una modificación al respecto, de Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación la entidad se llamaría Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

La nueva redacción del artículo 49, de la Ley Orgánica de Comunicación, incluye funciones como regular la difusión de contenidos en la TV, radio y publicaciones de prensa escrita de conformidad a los instrumentos internacionales de derechos humanos; y, desarrollar, ya no solo monitorear, procesos para asegurar la calidad de los contenidos de los medios de comunicación. El nuevo Consejo tendrá un papel activo en la promoción de los derechos de los ciudadanos y de los operadores de la comunicación.

De entre las nuevas tareas del Consejo de Comunicación, de acuerdo a la propuesta presentada por el Presidente Moreno, se destaca el desarrollo de investigaciones y estudios técnicos sobre la comunicación. La reforma de la Ley permitiría acercar el trabajo de las Facultades y Escuelas de Comunicación hacia las políticas públicas de su especialidad, permitiendo que las tesis tengan pertinencia y vinculación social. Quedaría en manos de la Academia acercarse y proponer planes anuales de colaboración.

Pero, la vinculación de la Academia se daría también en la conformación del ente de regulación, el proyecto enviado por el Presidente propone que exista: Un representante de la Universidades que mantengan una Carrera de Comunicación en el Pleno del Consejo de Comunicación.

La propuesta resultaría atractiva y también de muchas posibilidades, pero para lograr las metas comprometidas en el nuevo Consejo de Comunicación sería necesario evaluar factores cualitativos que condicionarán el logro de objetivos, estos factores son políticos: La forma de elección de los miembros y su cualificación.

Sobre la base de las experiencias de los Consejos de Regulación de la Comunicación de otros países es aconsejable evitar proximidad con el Poder Ejecutivo, para ello se proponen mecanismos de elección a través de los Parlamentos. En torno a la cualificación, que seria el mayor factor condicionante se recomienda, de acuerdo a investigadores de políticas de comunicación, que exista un perfil mínimo de selección, es decir que quienes vayan a integrar el Consejo posean una formación próxima a la materia que regularán.

Se supone que los postulantes a integrar el Consejo de Comunicación contarán con la cualificación señalada, sin embargo debemos abogar porque quede escrito en la ley. El Art. 50 de la Ley de Comunicación no especifica el perfil de los candidatos. Este artículo demandaría sentar las bases para un desempeño académico, que en lo posible evite que las tentaciones de políticos populistas frenen el desarrollo de la comunicación democrática que tanto buscamos los ecuatorianos.

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junio 18, 2018 at 11:59 am

Rendición de cuentas y campos de investigación

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En Ecuador, durante las últimas semanas, instituciones y universidades han convocado audiencias de «Rendición de cuentas» para que la ciudadanía conozca y dialogue sobre los fines y metas alcanzadas en la gestión de los funcionarios de cara al servicio público del Estado.

La rendición de cuentas es un mecanismo de transparencia instituido en la  Constitución ecuatoriana e instrumentado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para garantizar a los mandantes el acceso a la información, facilitar el ejercicio del derecho a control social, vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, evitar la corrupción y el mal gobierno.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señala que la rendición de cuentas «permite generar una relación de doble vía entre las instituciones del Estado y la ciudadanía» para conocer si la gestión pública cumple con los requerimientos, necesidades y expectativas de la sociedad a la que se debe, pero además promueve que la información esté sea precisa, suficiente y con lenguaje asequible.

La misma Ley de Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social manda que los ciudadanos «podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social».

Esta innovadora instancia va siendo asimilada en las instituciones e integrándose al ejercicio ciudadano de dialogar con los funcionarios para escuchar y hacerse escuchar, falta mucho por potenciar pero los primeros pasos han permitido valorar lo actuado y más que resúmenes e indicadores es evidente que el fin último es el desarrollo de las personas.

Hay material para el análisis y desde el campo de las ciencias de la comunicación surge un campo de investigación al buscar las relaciones entre políticas públicas, medios y acceso a la información.

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marzo 28, 2014 at 3:57 pm

Información y debate frente a los nuevos escenarios para la comunicación en Ecuador

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La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador dio paso a un proceso que persigue ampliar espacios para el ejercicio de deberes y derechos de comunicación. La revisión de concesiones de frecuencias radioeléctricas, la conformación de órganos control de la comunicación, las orientaciones sobre publicidad y la transición hacia la digitalización de frecuencias ubican a ciudadanos, instituciones y empresas frente a un escenario de expectativas y temores.

Los cambios en la vida cotidiana, en ocasiones, provocan resistencias porque nos hemos acostumbrado a ciertas rutinas o perdemos una posición de confort, pero cuando los cambios son necesarios y provocaron bienestar son aceptados. Parece que falta conocer, informarnos y debatir las transiciones que vivimos.

Hay una contradicción entre el argumento de fondo y la práctica de los cambios en la comunicación. El espíritu de las normas es democratizar el acceso y difusión de información en razón de los mandatos constitucionales. Existen criticas por la legitimidad en la conformación de los integrantes del Consejo de Regulación de la Comunicación y el nombramiento del Superintendente de Comunicación sin embargo también es la oportunidad de que las instancias de control se legitimen a través de sus actos, como lo sugiere el Prof. Ramón Zallo, experto en políticas de comunicación.

Todas las propuestas y su aplicación necesitan ser conocidas, comprendidas y asumidas por la comunidad ya que el fin último es ayudarles a una mejor convivencia. Los medios, las empresas de comunicación, los mecanismos públicos de información están y justifican su existencia en tanto sean recibidos y estén integrados en sus respectivas sociedades.

Procurar que la balanza entre entretenimiento e información esté equilibrada, pero sobre todo sea aceptada por la comunidad parte de dialogar y explicar a cada ciudadano la motivación de los cambios y para esto es necesario un papel más activo del Estado que también permitiría orientar a las empresas de comunicación.

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octubre 16, 2013 at 8:45 am

En circulación el N° 120 de la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui

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Es grato compartir la circulación del Nº 120 de la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui que incluye un artículo de mi autoría: El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (CRDC), análisis comparativo con referentes externos. El CRDC está considerado en el proyecto de Ley de Comunicación que se debate en Ecuador (Pág. 78 – presionar sobre la imagen).

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Nota relacionadad en página Web de CIESPAL

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enero 9, 2013 at 1:05 pm

Cine documental en Loja

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El documental cinematográfico surgió con la filmación de las circunstancias y el entorno de los grupos humanos, creó una reflexión en los espectadores.  Es diferente al cine de ficción porque no planea las acciones o intenta construir un relato. El documental por sus características y técnicas de realización está al alcance de muchas personas y permite democráticamente exponer los puntos de vista de los protagonistas.

Las producciones audiovisuales construyen la identidad de un país. Hay personas, hechos y lugares que merecen ser mostrados al mundo al mismo tiempo que abonan al patrimonio nacional.  Las condiciones sociales para la creación y circulación de la producción audiovisual están consolidándose a través de iniciativas particulares y políticas públicas.

Cada vez son más frecuentes las convocatorias del Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de Cinematografía así como de instituciones públicas y privadas para financiar proyectos o muestras audiovisuales.

En Ecuador hay jóvenes dispuestos a crear cine y  televisión, quieren aprender.  Ellos encuentran en las universidades, órganos de gobierno e iniciativas propias las condiciones para elaborar contenidos audiovisuales.  Un espacio alternativo es el Festival “Encuentros del otro cine” EDOC que desde hace 10 años es punto de encuentro para los creadores y un público dispuesto a ver cine de autor, de valores y crítica.

El festival EDOC llegará  Loja esta semana. Gracias a la UTPL y a la visión de la Corporación “Cine Memoria”, creadora del EDOC, que promueve la libertad de expresión. Se exhibirá una muestra de los documentales participantes en la 11º edición del EDOC, estará en Loja del 12 al 15 de junio, los filmes serán proyectados en horarios de mañana y tarde en los auditorios de la UTPL y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las temáticas son varias, desde lo político y antropológico a lo musical, en pocos minutos conoceremos lo que ocurre en varios puntos del planeta.

Hay otro cine a más del cine comercial. Un cine que entrega los roles principales  a gente común que habla en su propio lenguaje, que nos cuenta sus de sueños así como de sus limitaciones.  Este cine nos deja ver que en el fondo de los acontecimientos hay lecturas políticas, estéticas e ideológicas que para ser comprendidas necesitan decantarse a través de la pantalla.

Aprovechemos esta oportunidad para enriquecer nuestra cultura y formar una visión crítica.  Así en el futuro, con pequeñas acciones, animaremos a los jóvenes a hacer más y mejor cine en Ecuador.

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junio 11, 2012 at 7:56 am

La regulación de los medios de comunicación

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Los estándares periodísticos responden a políticas públicas y privadas de comunicación desarrolladas a través de regulaciones normativa, corregulación y autorregulación.

Los sistemas de regulación, autorregulación y corregulación surgen de los poderes públicos atribuidos (antidemocráticos) y representativos (democráticos) a través de diversas instituciones (Parlamentos, gobiernos, organismos delegados independientes, empresas y organizaciones profesionales).

La autorregulación “nace del compromiso voluntario de los agentes que participan en el proceso de comunicación; va dirigida a complementar la libertad de los medios con un uso responsable de la misma; y, sobre todo, está especialmente guiada por los valores y fines de la propia comunicación” (Aznar, 2005: 30).  La autorregulación es un concepto liberal-democrático que supone la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones (Asociación de Usuarios de la Comunicación, 2004), facilita las condiciones para que un profesional goce de libertad intelectual para desempeñar su labor.

Para la profesora Luján González (2008) la autorregulación es un equilibrio entre responsabilidad y libertad informativa, materializada en la construcción de códigos en los que participan periodistas, público y empresas informativas.  De este modo se evita que sean el Estado o el mercado los que impongan las reglas de juego.  Los códigos de autorregulación cumplen objetivos internos para cuidar la moral pública y externos en defensa de la libertad de expresión.

El autocontrol es un dispositivo para la auto limitación de los abusos de la información.  En los órganos de autorregulación participan los profesionales o los ciudadanos y sirven para vigilar el comportamiento de los medios.  Los medios de comunicación no son poderes omnímodos y tienen responsabilidades sociales que cumplir; los medios y el periodismo tienen su verdadero sentido en el servicio a la sociedad.  En democracia puede cuestionarse el poder de los medios de comunicación cuando hay verdadera libertad de expresión y derecho a la información.

La otra modalidad de regulación, la corregulación, es un mecanismo que media entre legisladores (autoridades de regulación directa) y procesos de autorregulación.  Suele denominarse como “autorregulación regulada”, es una “estrategia de regulación indirecta que abarca todas las manifestaciones de creación normativa y autocontrol privado que, debido a su interés público, son fomentadas, reconocidas y, a su vez, reguladas, por los poderes públicos” (Darnaculleta y Gardela como se cita en Belando y Montiel, 2011: 55).

La corregulación y la autorregulación hacen evidentes los compromisos de responsabilidad de las empresas y los particulares al tiempo que permiten el ejercicio ético de la profesión.  Sin embargo, debido a los abusos de algunos o las dificultades para verificar las obligaciones, surge la necesidad de crear autoridades independientes de regulación y/o control que fijen criterios objetivos alejados de los intereses de gobiernos y empresas privadas.

Los órganos independientes de control cuentan con garantías para propiciar la regulación indirecta, la clave de la eficacia de corregulación y autorregulación es la capacidad de sanción, pero muchas veces es una capacidad moral (de afectación sobre la reputación) más que punitiva.

Un ejemplo que permite contextualizar la importancia de la regulación y de las políticas de comunicación es la insuficiente protección de los derechos de niños y adolescentes en la publicidad.  En razón de que la autorregulación queda a discreción de cada operador, los Estados promueven la creación de consejos de comunicación con poder sancionador.  Esta instancia ya es demandada en Europa a través de las Directivas de Comunicación y Servicios Audiovisuales de 2007 y 2010.

Los principales modelos de regulación internacional desarrollan políticas de ordenación para medios audiovisuales pero no para medios impresos.  Las políticas de comunicación sobre los medios impresos son más genéricas y están circunscritas a los ámbitos generales de las garantías de la libertad de información y comunicación.  En términos democráticos la trascendencia y alcance de la comunicación audiovisual ampara la importancia de su regulación a través de órganos independientes.

“La necesidad de regular los contenidos que se emiten por los medios audiovisuales surge casi paralelamente a la aparición y divulgación de los medios de comunicación” (Aguaded y Vera, 2009: 1).  Desde 1930 se conoce del establecimiento de organismos públicos que supervisan las emisiones de los medios tales como la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de Norteamérica.  La regulación audiovisual encuentra su justificación jurídica en las políticas de comunicación vinculadas a radio y televisión; es una modalidad particular de intervención del Estado que lleva un doble rol, forma parte de su política audiovisual y se encarga del desarrollo del sector (Carniel, 2009).

Pero ¿Qué contenidos hay que regular?: “Libertad de expresión y empresa, protección a los menores y discapacitados, protección de los derechos del consumidor desde el punto de vista del derecho al acceso a la información y defensa de la calidad del producto audiovisual” (CNTV, 2009: 44), entre otros valores importantes.

Las regulaciones no sólo tienen el carácter restrictivo sino que también hay regulaciones positivas.  Se consideran positivos los incentivos para emitir programas de servicio público como segmentos educativos, noticias de comunidad, programas pedagógicos, espacios de salud o de cuidado del ambiente.

Hay que distinguir entre telecomunicaciones y medios de comunicación social al momento de establecer regulaciones, porque lo primero es competencia exclusiva del Estado; en cambio, para los medios de comunicación el mismo Estado regula aspectos básicos (Botella, 2007).  En otras palabras, separar los aspectos técnicos de aquellos relacionados al contenido.  La división regulatoria deviene de los distintos objetos jurídicos a proteger en el caso de los servicios audiovisuales.  “Sin menoscabo de los anteriores, el principal objeto jurídico a proteger son los valores constitucionales inherentes a la actividad de comunicación social que implica la prestación de servicios audiovisuales” (García Castillejo, 2003: 18).

La convergencia tecnológica determina nuevos escenarios que deben ser considerados por las autoridades de regulación.  La integración entre telefonía, internet y televisión en manos de un sólo proveedor exige actualizar o concebir nuevos esquemas.  Hay países que han integrado en una sola institución la regulación de telecomunicaciones y del audiovisual como el OFCOM británico o la Autoridad para la Garantía de la Comunicación (AGCOM) de Italia (Botella, 2007).

Según la praxis administrativa y las investigaciones académicas la autoridad de control de los servicios de comunicación en general y del audiovisual en particular debe ser independiente de instituciones públicas y de empresas mediáticas.  La independencia de la autoridad de control debe estar tanto en la forma de elección de sus miembros como en su financiación (García Castillejo, 2003).

Sirvan estas reflexiones para valorar la libertad y la consecuente responsabilidad de la que somos beneficiarios los ciudadanos y los medios de comunicación en momentos de debate y análisis sobre la libertad de expresión y de prensa en Ecuador.

 

Bibliografía

Aguaded, José y Vera, Ángel.  (2009): “El control de los contenidos televisivos en las autoridades reguladoras y los consejos audiovisuales”.  Contratexto Digital, n.7, pp.  1-15.

Asociación de Usuarios de la Comunicación.  (2010): “Análsis de la Ley General de Comunicación Audiovisual”.   Recuperado el 29 de abril de 2011, de http://www.auc.es/

Aznar, Hugo (2005): Ética de la comunicación y nuevos retos sociales.  Códigos y recomendaciones para los medios.  Barcelona: Paidós.

Belando, Beatriz y Montiel, Gonzalo (2011): Contenidos y mercado en la regulación de la Comunicación Audiovisual.  Valencia: Tirant lo blanch.

Botella, Joan (2007): “La regulación independiente del sector audiovisual español: una reflexión sobre problemas, perspectivas y posibilidades”, Revista catalana de dret públic, n.  34, pp.  1-8.

Carniel, Ricardo (2009): “Organismos independientes de regulación del audiovisual”.  RUTA, Revista Universitaria de Trabalis Acadèmics, n.  2, pp.  1-34.

Consejo Nacional de Televisión de Chile (2009): Seminario Internacional sobre Regulación de la TV.  Santiago: Consejo Nacional de Televisión de Chile.

García Castillejo, Ángel (2003): El Consejo Audiovisual de España.  Madrid: Fundación Alternativas.

González, María Luján (2008): Libertad y responsabilidad de la prensa en el autocontrol y en la enseñanza de la ética de cinco países andinos.  Tesis de Doctoral no publicada.  Universidad Complutense de Madrid.  Facultad de Ciencias de la Información.  España.

Written by abelsuing

marzo 4, 2012 at 9:53 pm