Gestión en comunicación: investigación aplicada, extensión y servicios.

Diario de campo.

La regulación de los medios de comunicación

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Los estándares periodísticos responden a políticas públicas y privadas de comunicación desarrolladas a través de regulaciones normativa, corregulación y autorregulación.

Los sistemas de regulación, autorregulación y corregulación surgen de los poderes públicos atribuidos (antidemocráticos) y representativos (democráticos) a través de diversas instituciones (Parlamentos, gobiernos, organismos delegados independientes, empresas y organizaciones profesionales).

La autorregulación “nace del compromiso voluntario de los agentes que participan en el proceso de comunicación; va dirigida a complementar la libertad de los medios con un uso responsable de la misma; y, sobre todo, está especialmente guiada por los valores y fines de la propia comunicación” (Aznar, 2005: 30).  La autorregulación es un concepto liberal-democrático que supone la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones (Asociación de Usuarios de la Comunicación, 2004), facilita las condiciones para que un profesional goce de libertad intelectual para desempeñar su labor.

Para la profesora Luján González (2008) la autorregulación es un equilibrio entre responsabilidad y libertad informativa, materializada en la construcción de códigos en los que participan periodistas, público y empresas informativas.  De este modo se evita que sean el Estado o el mercado los que impongan las reglas de juego.  Los códigos de autorregulación cumplen objetivos internos para cuidar la moral pública y externos en defensa de la libertad de expresión.

El autocontrol es un dispositivo para la auto limitación de los abusos de la información.  En los órganos de autorregulación participan los profesionales o los ciudadanos y sirven para vigilar el comportamiento de los medios.  Los medios de comunicación no son poderes omnímodos y tienen responsabilidades sociales que cumplir; los medios y el periodismo tienen su verdadero sentido en el servicio a la sociedad.  En democracia puede cuestionarse el poder de los medios de comunicación cuando hay verdadera libertad de expresión y derecho a la información.

La otra modalidad de regulación, la corregulación, es un mecanismo que media entre legisladores (autoridades de regulación directa) y procesos de autorregulación.  Suele denominarse como “autorregulación regulada”, es una “estrategia de regulación indirecta que abarca todas las manifestaciones de creación normativa y autocontrol privado que, debido a su interés público, son fomentadas, reconocidas y, a su vez, reguladas, por los poderes públicos” (Darnaculleta y Gardela como se cita en Belando y Montiel, 2011: 55).

La corregulación y la autorregulación hacen evidentes los compromisos de responsabilidad de las empresas y los particulares al tiempo que permiten el ejercicio ético de la profesión.  Sin embargo, debido a los abusos de algunos o las dificultades para verificar las obligaciones, surge la necesidad de crear autoridades independientes de regulación y/o control que fijen criterios objetivos alejados de los intereses de gobiernos y empresas privadas.

Los órganos independientes de control cuentan con garantías para propiciar la regulación indirecta, la clave de la eficacia de corregulación y autorregulación es la capacidad de sanción, pero muchas veces es una capacidad moral (de afectación sobre la reputación) más que punitiva.

Un ejemplo que permite contextualizar la importancia de la regulación y de las políticas de comunicación es la insuficiente protección de los derechos de niños y adolescentes en la publicidad.  En razón de que la autorregulación queda a discreción de cada operador, los Estados promueven la creación de consejos de comunicación con poder sancionador.  Esta instancia ya es demandada en Europa a través de las Directivas de Comunicación y Servicios Audiovisuales de 2007 y 2010.

Los principales modelos de regulación internacional desarrollan políticas de ordenación para medios audiovisuales pero no para medios impresos.  Las políticas de comunicación sobre los medios impresos son más genéricas y están circunscritas a los ámbitos generales de las garantías de la libertad de información y comunicación.  En términos democráticos la trascendencia y alcance de la comunicación audiovisual ampara la importancia de su regulación a través de órganos independientes.

“La necesidad de regular los contenidos que se emiten por los medios audiovisuales surge casi paralelamente a la aparición y divulgación de los medios de comunicación” (Aguaded y Vera, 2009: 1).  Desde 1930 se conoce del establecimiento de organismos públicos que supervisan las emisiones de los medios tales como la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de Norteamérica.  La regulación audiovisual encuentra su justificación jurídica en las políticas de comunicación vinculadas a radio y televisión; es una modalidad particular de intervención del Estado que lleva un doble rol, forma parte de su política audiovisual y se encarga del desarrollo del sector (Carniel, 2009).

Pero ¿Qué contenidos hay que regular?: “Libertad de expresión y empresa, protección a los menores y discapacitados, protección de los derechos del consumidor desde el punto de vista del derecho al acceso a la información y defensa de la calidad del producto audiovisual” (CNTV, 2009: 44), entre otros valores importantes.

Las regulaciones no sólo tienen el carácter restrictivo sino que también hay regulaciones positivas.  Se consideran positivos los incentivos para emitir programas de servicio público como segmentos educativos, noticias de comunidad, programas pedagógicos, espacios de salud o de cuidado del ambiente.

Hay que distinguir entre telecomunicaciones y medios de comunicación social al momento de establecer regulaciones, porque lo primero es competencia exclusiva del Estado; en cambio, para los medios de comunicación el mismo Estado regula aspectos básicos (Botella, 2007).  En otras palabras, separar los aspectos técnicos de aquellos relacionados al contenido.  La división regulatoria deviene de los distintos objetos jurídicos a proteger en el caso de los servicios audiovisuales.  “Sin menoscabo de los anteriores, el principal objeto jurídico a proteger son los valores constitucionales inherentes a la actividad de comunicación social que implica la prestación de servicios audiovisuales” (García Castillejo, 2003: 18).

La convergencia tecnológica determina nuevos escenarios que deben ser considerados por las autoridades de regulación.  La integración entre telefonía, internet y televisión en manos de un sólo proveedor exige actualizar o concebir nuevos esquemas.  Hay países que han integrado en una sola institución la regulación de telecomunicaciones y del audiovisual como el OFCOM británico o la Autoridad para la Garantía de la Comunicación (AGCOM) de Italia (Botella, 2007).

Según la praxis administrativa y las investigaciones académicas la autoridad de control de los servicios de comunicación en general y del audiovisual en particular debe ser independiente de instituciones públicas y de empresas mediáticas.  La independencia de la autoridad de control debe estar tanto en la forma de elección de sus miembros como en su financiación (García Castillejo, 2003).

Sirvan estas reflexiones para valorar la libertad y la consecuente responsabilidad de la que somos beneficiarios los ciudadanos y los medios de comunicación en momentos de debate y análisis sobre la libertad de expresión y de prensa en Ecuador.

 

Bibliografía

Aguaded, José y Vera, Ángel.  (2009): “El control de los contenidos televisivos en las autoridades reguladoras y los consejos audiovisuales”.  Contratexto Digital, n.7, pp.  1-15.

Asociación de Usuarios de la Comunicación.  (2010): “Análsis de la Ley General de Comunicación Audiovisual”.   Recuperado el 29 de abril de 2011, de http://www.auc.es/

Aznar, Hugo (2005): Ética de la comunicación y nuevos retos sociales.  Códigos y recomendaciones para los medios.  Barcelona: Paidós.

Belando, Beatriz y Montiel, Gonzalo (2011): Contenidos y mercado en la regulación de la Comunicación Audiovisual.  Valencia: Tirant lo blanch.

Botella, Joan (2007): “La regulación independiente del sector audiovisual español: una reflexión sobre problemas, perspectivas y posibilidades”, Revista catalana de dret públic, n.  34, pp.  1-8.

Carniel, Ricardo (2009): “Organismos independientes de regulación del audiovisual”.  RUTA, Revista Universitaria de Trabalis Acadèmics, n.  2, pp.  1-34.

Consejo Nacional de Televisión de Chile (2009): Seminario Internacional sobre Regulación de la TV.  Santiago: Consejo Nacional de Televisión de Chile.

García Castillejo, Ángel (2003): El Consejo Audiovisual de España.  Madrid: Fundación Alternativas.

González, María Luján (2008): Libertad y responsabilidad de la prensa en el autocontrol y en la enseñanza de la ética de cinco países andinos.  Tesis de Doctoral no publicada.  Universidad Complutense de Madrid.  Facultad de Ciencias de la Información.  España.

Written by abelsuing

marzo 4, 2012 a 9:53 pm

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