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Diario de campo.

La voz de los ciudadanos y las políticas públicas

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Imagen tomada de https://goo.gl/qWtvtq

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Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Los ecuatorianos iniciaron 2019 con medidas de ajuste económico. El déficit fiscal será cubierto, en parte, a través del pago de mayores precios por los combustibles. En ésta como en otras épocas, es la población quien asume la corrección de las equivocadas decisiones de los encargados de gobernar el Estado.

La historia reciente de Ecuador refiere tres episodios de transferencia de dinero, de los pobres a los ricos, popularmente se conocen como “la sucretización de la deuda”, el “feriado bancario” y “la condonación de intereses, multas y recargos” de 2018. Además, hay hechos de corrupción, en donde malos administradores se apropiaron de los recursos de los contribuyentes, baste recordar el proceso judicial contra el expresidente del Directorio del Instituto de Seguridad Social.

Un denominador común en la génesis de los problemas económicos, además de la falta de ética de algunos políticos y funcionarios, es la ausencia de la voz de los ciudadanos en las instancias de decisión. Se supone que los poderes Ejecutivo y Legislativo representan a la población y actúan en función de sus prioridades, pero después de 40 años de retorno a la vida democrática en Ecuador, parecería que hay un distanciamiento de objetivos.

Los miles de millones de dólares de deuda externa, que el Estado debe, fueron contratados sin el conceso de los ciudadanos. Hay mínima constancia de planificación participativa, lo que se pide a los gobiernos locales no fue practicado por el gobierno central, un grupo de técnicos concluyó lo que sería bueno para los demás.

La crisis económica del Ecuador, al igual que la crisis económica mundial de 2008, exige que todos paguen la factura de lo consumido por pocos, que se resuelvan los problemas, fomentados por débiles procesos de control, a través de la “socialización de las pérdidas” y la consecuente “privatización de las ganancias”.

Si el panorama general es el distanciamiento, tal vez un camino de aproximación esté en la escucha frecuente que deba hacerse a los ciudadanos en los consejos de administración, comisiones, ministerios e instancias que comprometan recursos públicos. Seguramente esto ralentizará la gestión e implique gastos, pero siempre tendrá un horizonte de acuerdos previos y optimización, mas nunca de malversación.

Una persona, por mejor cualificada que esté, no puede asumir las opiniones ni los sentires de otra. Una alternativa para evitar fraudes es la instauración espacios ciudadanos para que las decisiones de políticas públicas sean el resultado de acuerdos entre los tres sectores que mueven a un país: El gobierno, la empresa y la ciudadanía. Luego de años de expectativas frustradas y crisis constantes, podría resultar un ensayo valioso el abrir las instituciones a las voces de los ciudadanos.

Written by abelsuing

enero 11, 2019 a 12:46 am

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