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Diario de campo.

Derechos, libertades y límites en torno a la comunicación en Ecuador.

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La comunicación fruto de la expresión libre de los ciudadanos se reconoce como derecho en la Constitución política de Ecuador, en los artículos 16 al 20 , 66 y 384; en ellos se expresa que todas las personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho a:

  • “Una comunicación libre … en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma” (Art. 16.- acápite 1).
  • “Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información” (Art. 18.-acápite 1).
  • “Opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones” (Art. 66.-acápite 6).

Se establece un sistema de comunicación social integrado por instituciones y actores públicos y privados que asegurará el ejercicio de los derechos de comunicación, información y libertad de expresión (Art. 384).

Los preceptos constitucionales guardan concordancia con los instrumentos jurídicos internacionales, inspirados en brindar garantías a los derechos humanos. Instrumentos a los que se ha suscrito el Estado ecuatoriano, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, de noviembre de 1969, que en su artículo 13, acápite 1 declara “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

Otro instrumento, quizá el más importante es La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de diciembre de 1948. En el artículo 19 dice “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Las declaraciones contemporáneas se fundamentan en otras anteriores que han sido guías para el desarrollo de los estados, son la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, emitida por la Asamblea Nacional de Francia en agosto de 1789, que señala en su artículo 11 “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

La Declaración de Derechos de Virginia, junio de 1776, génesis de la Constitución norteamericana, es el más antiguo de los documentos que ha motivado la protección de los derechos humanos en las Cartas Fundamentales de los países.  En el numeral 12 se dice “la libertad de prensa es uno de grandes baluartes de la libertad, y que jamás puede restringirla un gobierno despótico”.

Desde la manifestación de libertad de prensa en la Declaración de Virginia se evoluciona a los derechos de buscar, recibir y difundir informaciones expresados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pasamos del reconocimiento de la libertad de imprenta “como derecho personal, subjetivo, del individuo ante el poder… a un derecho objetivo del conjunto de la sociedad a estar informada, a conocer lo que los demás opinan” (Navarro, 2010).

La libertad de expresión y la de prensa se sustentan en la información como un derecho que además es el punto de encuentro entre dos ambientes que podrían estar contrapuestos ya que uno hace referencia al individuo, al ejercicio de sus derechos, y otro a la libertad de asociación para ejercer iniciativas privadas; sin embargo hay convergencia porque “la información es un derecho político de participación social y de carácter colectivo. Emitir información y recibirla, son dos aspectos de un mismo derecho que aportan esencialidad a la libertad de expresión, en la medida en que son un instrumento necesario para el ejercicio de otros derechos políticos del ciudadano” (Carrillo, 1986).

Hay limites al derecho a comunicar y expresar opiniones que se refieren al cuidado y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En áreas de infraestructura básica se velará con el sigilo necesario para evitar emitir información que altere el cuidado de terceros en áreas de salud pública, defensa nacional y orden público.

En el articulo 13, acápites 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos  Humanos, se recoge la prohibición de “propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”; en el mismo sentido el artículo 19 de la Constitución del Ecuador se señala que “se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”.

Bibliografía:

  • Asamblea Nacional de Ecuador. (2009, diciembre 29). Un acuerdo ético – político para construir una ley de comunicación que garantice todos los derechos de la ciudadanía. Diario El Comercio – Quito. Pág. 7.
  • Bejarano, J. (2009, octubre 3). Ley de Comunicación.  Diario El Comercio – Quito. Pág. 12.
  • Carrillo, M. (1986). “Los Consejos de prensa como forma de autocontrol: propuestas y prevenciones respecto a su viabilidad en España”. En Revista de Estudios Políticos. Nº 54. (77 – 104).
  • Declaración de Derechos de Virginia. Recuperada el 23 de marzo de 2010 de: http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html
  • Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano. Recuperada el 23 de marzo de 2010 de:   http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperada el 23 de marzo de 2010 de: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a19
  • Navarro, V. (2010). “Los Consejos audiovisuales autonómicos: reflexiones en torno a algunos de los principales aspectos conflictivos”. En García, F & Albertí, E. (Coord.). (2010). “Treinta años de Constitución”. (pp. 351-374). Valencia. Tirant lo Blanch Editorial.
  • Orriols, M. y Pons, F. (2007).“La futura regulación de un consejo estatal de los medios audiovisuales”.  Revista catalana de dret públic, Nº 34.  Recuperado el 10 de marzo de 2010 de: http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista.2007-05-08.9854996892/article.2007-05-09.1688286583/es?set_language=es&cl=es
  • Tribunal Supremo Electoral de Ecuador. (2008). Proyecto de la Nueva Constitución 2008. Quito. TSE.

Written by abelsuing

marzo 23, 2010 a 10:35 pm

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