Gestión en comunicación: investigación aplicada, extensión y servicios.

Diario de campo.

El tratamiento al proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador.

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  1. 1. Antecedentes.

El antecedente próximo a la discusión de una Ley de Comunicación en Ecuador es el mandato de Constitución de 2008, que establece que la Asamblea Nacional aprobará un cuerpo legal para esta materia.  En razón de aquello en el mes de septiembre de 2009 se creó una Comisión Especial Ocasional de Comunicación para que analice 3 proyectos de Ley Orgánica de Comunicación que fueron aceptados y que corresponden a las propuestas de los asambleístas César Montufar, Lourdes Tibán y Clever Jiménez, y Rolando Panchana.

En Ecuador se encuentran vigentes una Ley de Ejercicio Profesional del Periodista promulgada en septiembre de 1975, una Ley de Radiodifusión y Televisión expedida en abril de 1975, un Código de Ética del Periodista Profesional vigente desde 1980 y el Decreto Presidencial de noviembre de 1966, garantizando el ejercicio profesional de los graduados en Escuelas Universitarias de Ciencias de la Información. Desde 1966 hasta 1981 se dictaron decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, en número de 12, aparte de las varias Constituciones Políticas en vigor, el Código Penal y la Ley de Seguridad Nacional que fueron todos ellos la normativa complementaria que ha venido regulando la labor de los comunicadores sociales y de los medios de comunicación colectiva hasta estos días (Bejarano; 2009).

Entre las razones que se esgrimen desde la Comisión Ocasional de Comunicación para crear una Ley de Comunicación, a más de garantizar los derechos a la comunicación y de cumplir con el mandato constitucional, están la constatación de un dominio corporativo de medios, el fomento de una sociedad de consumo y competencia de mercados, inequidad en coberturas hacia sectores marginales y ausencia de sentido ético en la presentación de información.

Con la intensión de trabajar con una metodología participativa la Comisión Ocasional de Comunicación propuso invitar a representantes de instituciones, ciudadanos interesados y buscar el apoyo de expertos.  Se definieron 9 ejes a estudiar, que incluían puntos de conflictivo, se relacionaban a:

  • Constitución e instrumentos internacionales, que señalen las garantías de las personas.
  • Considerar la comunicación como un derecho humano y el espacio radioeléctrico como bien público.
  • El alcance de la Ley hacia las relaciones de personas, comunidades y pueblos en medios públicos privados y comunitarios.
  • Plurinacionalidad e interculturalidad como ejes transversales de la Ley.
  • No regular la parte técnica del espacio radioeléctrico.
  • La existencia de un órgano que garantice y regule sin afectar la libertad de expresión.
  • Regulación de contenidos y responsabilidad ulterior.
  • El Estado definirá las políticas públicas de comunicación.
  • La profesionalización de los periodistas como garantía de calidad de la información.
  1. 2. Los aportes al proyecto de Ley de Comunicación.

La Comisión Ocasional de Comunicación recibió aportes de ciudadanos, cooperación internacional y asambleistas cuyos argumentos fundamentales se refieren a:

  1. Los aportes ciudadanos, entre los que se incluyen organizaciones sociales, gremios, universidades e instituciones públicas y privadas, se relacionaron con respetar los instrumentos internacionales, fomentar la producción cinematográfica y las creaciones de artistas nacionales, definir garantías para el ejercicio profesional, orientar la Ley hacia el cuidado de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y asegurar el libre ejercicio de la libertad de expresión.
  2. La UNESCO, el relator de la Libertad de Expresión de la ONU y delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se cuentan entre los cooperantes internacionales que recomendaron guardar concordancia con las instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derechos a la comunicación, respetar la libertad de expresión, garantizar el derecho a la comunicación y no definir un sistema controlador de la comunicación.
  3. Los asambleístas María Paula Romo, María Cristina Kronfle, Fernando Vélez y Susana González manifestaron sus opiniones. Los aspectos más relevantes son la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos, el derechos de rectificación y réplica, cláusula de consciencia, registro de medios y comunicadores, conformación y atribuciones del Consejo de Comunicación, regulación de la concesión y uso de frecuencias, responsabilidad ulterior, inclusión de contenidos educativos y espacios para la producción nacional, prohibición de publicidad que induzca a la violencia, publicidad estatal y regulación de medios públicos.
  1. 3. Enfoque y estructura del proyecto de Ley.

El 21 de noviembre de 2009, se presentó el informe de la Comisión Ocasional de Comunicación para el primer debate en el Pleno de la Asamblea, documento que no fue de consenso. Existió otro informe de minoría y uno más individual de la Asambleísta Lourdes Tibán. El proyecto presentado generó reacción entre grupos políticos, comunicadores, representantes de medios y movimientos sociales, estos hechos llevaron a que los jefes de bloques legislativos acuerden puntos mínimos a ser considerados para un segundo debate.

El enfoque, del proyecto de Ley para el primer informe, es de garantizar el ejercicio integral de los derechos comunicación a las personas, comunidades y nacionalidades.  Se cuida el honor, buen nombre, imagen, voz y datos de las personas.  En procura de equilibrio entre derechos y deberes se admiten ciertas restricciones a la Libertad de Expresión fundamentalmente por la seguridad y derechos de niños, niñas y adolescentes. También reconoce y acata los instrumentos internacionales suscritos por Ecuador.

El proyecto se compone de 104 artículos organizados en seis títulos, que consideran los siguiente elementos:

  • Título I: Objeto y ámbito, principios, derechos, derechos, deberes y responsabilidades de los comunicadores sociales.
  • Título II: Contenidos, publicidad en los medios de comunicación.
  • Título III: Formas y medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios), registro de medios de comunicación.
  • Título IV: Sistema de comunicación, organismos y autoridades del sistema.
  • Título V: Organismos y mecanismos de regulación y vigilancia, de la defensoría del pueblo, las veedurías y observatorios ciudadanos.
  • Título VI: Responsabilidades y sanciones, competencias y procedimientos.
  1. 4. Puntos de divergencia.

Desde el mes de septiembre de 2009 en que se inició el tratamiento del proyecto de Ley, los medios de comunicación, gremios periodísticos y representantes de instituciones han vigilado el proceso y exteriorizado su preocupación por algunos artículos que a su entender no guardaban relación con las garantías para los ciudadanos y el ejercicio de las libertades de comunicación y prensa. Entre ellos:

  1. Responsabilidad ulterior (artículo 11 del Proyecto) en tanto se desarrolla como una figura que daría paso a un esquema sancionador, se prevén limitaciones a la investigación periodística.
  2. Rectificación y réplica (artículo 18 del Proyecto). No se distingue entre rectificación y réplica además se señala un plazo máximo para viabilizar el derecho.
  3. Información pública (articulo 45 del Proyecto). Los medios otorgarían al Estado hasta 20 minutos al mes; y una hora diaria de programación que se consideré educativa.
  4. Profesionalización (artículo 47 del Proyecto). Las direcciones editoriales y la elaboración de noticias deberán estar a cargo solo de periodistas o comunicadores sociales titulados.
  5. Registro de medios (artículos 65 a 68 del Proyecto). El punto de disenso es la utilización política que se daría a la información. Los medios para su funcionamiento deberán registrar sus datos y su código de ética en el Consejo de Comunicación.
  6. El Consejo de Comunicación (artículo 72 a 85 del Proyecto) velaría por el ejercicio de los derechos de la comunicación. Sus facultades irían desde expedir normativas hasta llevar un registro de medios.  Podría resolver controversias. Sus atribuciones abarcarían velar, decidir, sancionar y resolver. De otro lado se ha observado la conformación del Consejo (un delegado del ministerio de educación, otro del ministerio de cultura, un representante de facultades de comunicación, tres representantes de la ciudadanía). El poder Ejecutivo requeriría dos votos más para hacer mayoría. No hay confianza en el proceso de selección.
  7. El defensor del público (artículos 87 a 90 del Proyecto) recibiría quejas y denuncias de las personas que se sientan afectadas por los medios.  Figura que podría entrar en conflicto con la Defensoría del Pueblo, órgano de derecho público con jurisdicción nacional cuya función es la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y de los ecuatorianos fuera del país, según los artículos 214 y 215 de la Constitución.
  1. 5. Acuerdo de los representantes de bloques políticos.

El 17 de diciembre de 2009 los representantes de bancadas y grupos políticos de la Asamblea Nacional ante la reacción ciudadana, de medios de comunicación y la falta de consensos, incluso en el mismo movimiento legislativo de gobierno, por el texto del proyecto de Ley para el primer debate y a efectos de alcanzar acuerdos para cambiar y mejorar el mismo convienen un compromiso ético – político en relación a siete puntos:

  1. El ámbito de la Ley debe desarrollar las normas constitucionales en concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por Ecuador.
  2. Se debe garantizar la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior.
  3. La Ley debe regular los subsistemas público, privado y comunitario.
  4. Se admite la existencia de un Consejo de Comunicación e Información cuyas funciones estén orientadas a garantizar los derechos de los ciudadanos y fortalecer la comunicación, administrativamente podrá suspender programas o mensajes que expongan la seguridad nacional y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  5. Se propondrían reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, códigos penal, civil, de la niñez y otras normas para garantizar el ejercicio a la comunicación.
  6. Se desarrollarían normas en cuanto a la prohibición de monopolios.
  7. Existiría un catastro de medios como medida para transparentar la información.

Sin embargo el 23 de diciembre de 2009, día en que el Pleno de la Asamblea abocaba conocimiento del informe del Proyecto para primer debate se produjo la suspensión por tres días de la estación de televisión Teleamazonas y la terminación de la concesión de frecuencia a Radio Arutam, de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Estos hechos fueron interpretados por los grupos políticos y la comunidad en general como una señal del Poder Ejecutivo de inconformidad respecto al acuerdo, además se señalo que era evidente un afán controlador de los medios.

La transmisión en Teleamazonas de una noticia basada en supuestos y la incitación a violencia, a través de Radio Arutam, durante una manifestación popular fueron las causas de las sanciones, que luego fueron apeladas en razón de ausencia de bases legal y constitucional (Diarios Universo y Comercio; 2009, diciembre 24).

En sesión del 5 de enero de 2010, aún con cierta desconfianza entre los asambleístas se realizó el primer debate del Proyecto de Ley dando paso lo  previamente pactado.  Desde entonces se trabaja en incorporar las sugerencias dadas.

  1. 6. Situación hoy para segundo debate.

Se consideró un plazo de 45 días, desde el 5 de enero, para presentar el informe para segundo debate sin embargo se amplió hasta el 5 de junio de 2010 en razón de las discrepancias que la presidenta de la comisión, Betty Carrillo, ha manifestado respecto al acuerdo de los jefes de bloques políticos; también han frenado el trabajo la metodología, una nueva revisión de los puntos concertados en el acuerdo, la presentación de nuevos textos y la insistencia, de parte de los asambleístas del movimiento de gobierno, de redactar una ley sancionadora en contra de periodistas y medios (El Universo; 2010, febrero 6).

Se aprecia también una intencionalidad de control de los medios de comunicación y un carácter censurador cuando el 3 de abril de 2010 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana con la inclusión del veto del Presidente Rafael Correa al Art. 88 en que se dispone que los medios de comunicación rindan cuentas a los ciudadanos una vez al año, que ha sido interpretado como un paso más del ejecutivo en la intención de dominio y coacción a la libertad de expresión.

Bibliografía:

·      Asamblea Nacional de Ecuador. (2009, diciembre 29). Un acuerdo ético – político para construir una ley de comunicación que garantice todos los derechos de la ciudadanía. Diario El Comercio. Quito. Pág. 7.

  • Bejarano, J. (2009, octubre 13). Ley de Comunicación. Diario El Comercio. Quito. Pág. 12.
  • Comisión Especial Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional de Ecuador. (2009, noviembre 21).  Informe para el primer debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación”. Secretaria General Asamblea Nacional del Ecuador.
  • Comisión Especial Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional de Ecuador. (2009, noviembre 21).  “Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación”. Secretaria General Asamblea Nacional del Ecuador.
  • Opinión. (2009, diciembre 24). Diario El Comercio. Quito. Pág. 10.
  • Sección Actualidad. (2009, diciembre 23). Supertel cerró Teleamazonas durante tres días desde ayer. Diario El Universo. Guayaquil. Pág. 2.
  • Sección Actualidad. (2009, diciembre 24). Hay tres ilegalidades en la suspensión. Diario El Universo. Guayaquil. Pág. 2.
  • Sección Actualidad. (2010, febrero 6). Se anuncian nuevos “panchanazos” en trámite de Ley de Comunicación. Diario El Universo. Guayaquil. Pág. 2.
  • Sección Política. Diario El Comercio. Quito. Ediciones del 24 al 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 2009.
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Written by abelsuing

mayo 11, 2010 a 12:08 pm

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